June 28, 2018 500 AM
DISTRITO OCCIDENTAL DE TEXAS — Días después de que el presidente Trump firmase una orden ejecutiva para detener la polémica práctica de separar a los niños migrantes de sus padres, los funcionarios federales se están apresurando para encontrar las maneras para llevar a cabo su orden. La dificultad proviene del hecho de que la orden ejecutiva de Trump interfiere con su política de “tolerancia cero” al procesar todos los casos de entradas ilegales, que él juró mantener. Muchos criticaron la orden ejecutiva de Trump por no abordar adecuadamente la falta de alojamiento para las familias que esperan sus vistas. Sin la infraestructura necesaria para mantener juntas a las unidades familiares, los funcionarios dijeron que no les quedaba otra opción sino la de separarlas.
“Estás en una situación imposible porque tienes una directriz para hacer dos cosas y no puedes hacer ambas,” dijo Chris Carlin, defensor público del Distrito Occidental de Texas.
Todo eso quedó claro solo un día después de que Trump firmase la orden ejecutiva, cuando la oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Occidental de Texas anunció que desestimaría todos los casos de ingreso ilegal y de reingreso ilegal hasta nuevo aviso.
El anuncio llegó a través de una comunicación privada entre la oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la Oficina del Defensor Público. Maureen Franco, defensora pública para el Distrito Occidental de Texas, luego hizo circular el anuncio a través de un correo electrónico enviado a su oficina. En aquel momento, los abogados con la Oficina del Defensor Público especularon que las desestimaciones –que invertían en la práctica la directriz de Trump respecto a la tolerancia cero– se aplicarían a todos los casos futuros hasta que se hayan adoptado otras medidas.
Pero unas horas más tarde, y poco después de que el anuncio saliera en las noticias, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos retiró su orden de desestimación anterior, según fuentes dentro de la Oficina del Defensor del Público. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos luego emitió el siguiente comunicado público: “Tras la orden ejecutiva del presidente, estamos actuando con rapidez para mantener juntas a las familias a medida que procesamos los cargos criminales para aquellos que entraron de forma ilegal. La política de la tolerancia cero todavía está en vigor pero hay una transición necesaria que tendrá que ocurrir ahora que aquellos que estén acusados ya no están siendo trasladados bajo la custodia de los Marshal de los EE.UU. y permanecen con sus hijos bajo la custodia de nuestros socios en DHS. Como parte de esa transición, hoy la oficina desestimó algunos casos que estaban pendientes cuando el presidente emitió la orden. Contrariamente a lo que se ha dicho, la oficina no emitió ningún memorándum a los juzgados.”
Aún así, los casos que habían sido desestimados hasta esa mañana seguirían así. Shane O´Neal, defensor público adjunto, había estado preparándose para un juicio en Pecos el 28 de junio, donde tenía que representar a dos mujeres de Centroamérica que habían sido separadas de sus hijos tras ser detenidas en Presidio. No obstante, tras el anuncio del Fiscal de los Estados Unidos, todos los cargos fueron retirados.
Desde la semana pasada, Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos ha hecho su propio esfuerzo por navegar por la complicada situación. En una mesa redonda el lunes con los medios de comunicación en McAllen, Texas, Kevin K. McAleenan, comisionado de CBP, anunció que dejaría temporalmente de perseguir a los adultos migrantes que atraviesan con niños la frontera de manera ilegal.
“De acuerdo con la Orden Ejecutiva, yo [CBP] ordené la suspensión temporal de las recomendaciones para persecuciones para aquellos que no tienen un historial delictivo, o para temas de seguridad o bienestar infantil, o necesidades médicas, mientras elaboremos un proceso con DOJ para mantener la unidad familiar a la vez que apliquemos las medidas de enjuiciamiento,” afirmó McAleenan. Añadió, “La Orden Ejecutiva apoya la Tolerancia Cero, aunque la uni-dad familiar debe ser mantenida y la seguridad y el bienestar infantil son fundamentales.”
En cuanto a los abogados litigando para la Oficina del Defensor Público, dijeron que vigilarían de cerca la actividad fiscal para asegurarse de que las familias no sean separadas. “Estaremos vigilando en los próximos días,” dijo Carlin.
