MARFA, CONDADO DE PRESIDIO – La corte de los Comisionados del Condado de Presidio se reunió el martes, 11 de septiembre, para hablar de su reciente decisión de disolver la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) y, sin ningún sentido de la ironía, la corte propuso implementar y financiar un nuevo cargo para reanudar las tareas de la oficina que había eliminado. A pesar del hecho de que la excusa para erradicar la oficina era la de redu – cir costes en el presupuesto, aparentemente la corte de los comisionados ha optado por olvidar sus intenciones iniciales. Además de las preocupaciones presupuestarias, la auditora Patty Roach y la tesorera Frances García, confiaban en que podrían hacerse cargo del trabajo adicional. Dos semanas después, Roach pidió que contratasen a un administrativo para realizar solicitudes de entradas de datos y pedidos. “Creo que esa persona también podrá trabajar con la oficina de la tesorera,” dijo. El comisionado Loretto Vásquez, que no estuvo presente durante el debate y que, según la comisionada Brenda Silva Bentley, estaba de acuerdo por adelantado con cualquier posible resultado, colocó el punto en el orden del día. “No se trata de cirugía cerebral, nada es permanente,” dijo Silva, que apoyó la idea de una nueva contratación. “Cuando disolvimos la OMB, se dijo que se podía hacer el trabajo, que era fácil, que no necesitábamos a nadie más,” dijo la juez Cinderela Guevara, que fue la única voz disidente en la corte. “En realidad, lo que se tendría que haber dicho era `les despediremos y luego contrataremos a alguien.’ Los demás miembros de la corte repugnaron rápidamente sus afirma – ciones al insistir en que el dinero del presupuesto de la auditora les permitiría crear un puesto nuevo. La cantidad que los comisionados citaron era de 21,840$, que cubriría el sueldo del puesto sin incluir el coste de los beneficios. Katie Sánchez, que fue la directora de la OMB y fue relegada a una posición precaria después de que la moción para disolver su departamento fuera aprobada hace varias semanas, decidió dimitir y es ahora la secretaria de registros en la cárcel del Condado de Presidio. La moción para relegar a la tesorera las tareas relacionadas con los incentivos de existencias y los registros de kilometraje, así como relegar las subvenciones y las funciones de compras a la auditora, fue aprobada con la posible contratación de un administrativo en el futuro en caso de que sea necesario. “Nosotros somos el gobierno, nosotros decidimos qué hacer,” dijo el comsionado Eloy Aranda.
Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA