La crisis en nuestra frontera meridional ha sido fabricada

Si usted ha cruzado recientemente un puerto de entrada en nuestra región fronteriza, puede que se haya fijado en los centenares de mexicanos solicitantes de asilo, padres y sus jóvenes hijos acampando bajo toldos improvisados sobre el hormigón cerca de los puentes. Hay aproximadamente 3,000 ciudadanos mexicanos esperando en las calles de Ciudad Juárez sin ninguna garantía de que se les permita cruzar la frontera y realizar una petición de asilo.

Tras ver esta desgracia de primera mano después de cruzar la frontera hace poco, está claro que esta administración sigue abandonando el estado de derecho.

El artículo 33 de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, y su Protocolo de 1967, establece el principio de “no devolución,” afirmando que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un

refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.” Las autoridades fronterizas han afirmado que esta gente está siendo rechazada en nuestra frontera porque no hay espacio para ella en sus instalaciones y faltan agentes para llevar a cabo la tramitación de manera eficiente.

A pesar de que se diga lo contrario, CBP tiene más agentes y dinero que nunca para tramitar a los solicitantes de asilo. CBP, que incluye a la Patrulla Fronteriza, es el mayor organismo de seguridad del país con un presupuesto que se ha duplicado con creces en las dos últimas décadas, durante las cuales ha disminuido el número de personas que llega a nuestra frontera para pedir asilo.

El Paso lleva desde 2017 en primera línea de esta crisis fabricada. Sabemos que los individuos que buscan asilo tienen un derecho legal bajo la ley estadounidense de pedir asilo sin importar cómo entren en el país, tal y como está codificado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad en el número 8 del Código Estadounidense, sección 1158, y confirmado por la Corte de Apelaciones de los EE.UU. y por el Tribunal Supremo de los EE.UU. Para sortear este derecho legal, los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) fueron creados por la administración y, hasta la fecha, han obligado a más de 47,000 inmigrantes centroamericanos a esperar indefinidamente al otro lado de la frontera, en México.

En respuesta a esta crisis fabricada, nuestra comunidad fronteriza creó los sistemas que nuestro gobierno federal no ha logrado crear –ni mucho menos financiar– mediante los servicios de hospitalidad y una fuerza voluntaria sin precedentes. En respuesta, la administración creó nuevas políticas que obligan a estas poblaciones a estar fuera de nuestro alcance y a volver a estar en peligro.

Los MPP establecen ciertas exenciones que permiten que las poblaciones vulnerables –personas de países de habla no hispana e individuos que puedan demostrar un temor creíble– puedan entrar en los Estados Unidos de forma legal. Debido a que la ley internacional impide que los solicitantes de asilo sean devueltos al país desde donde están huyendo, los ciudadanos mexicanos no pueden ser devueltos a México bajo los MPP.

Aunque la ley actual impide la expulsión y el rechazo de esta población mexicana de refugiados, CBP está usando la política no oficial de hacer admisiones selectivas para hacer que los solicitantes de asilo mexicanos sigan esperando en las calles de nuestra ciudad hermana.

Esta comunidad binacional sigue siendo testigo del sufrimiento humano, y de la erosión de antiguas políticas federales que, aunque sean imperfectas, sostenían un nivel básico de respeto hacia los humanos que huían de la violencia, la persecución y daños seguros. Tal y como dijo Rubén García, uno de los defensores más respetados de nuestra comunidad, “todo esto está sucediendo bajo nuestra mirada.”

Durante el próximo año, cada uno de nosotros nos enfrentaremos a la decisión crítica de escoger a los próximos líderes de nuestra nación. La brújula moral que guía las decisiones tomadas y las políticas aprobadas por dichos líderes tendrán un impacto directo e inmediato sobre nuestras familias, nuestra comunidad y nuestra identidad colectiva.

Albergo la esperanza de que ejerzamos nuestro poder para dar forma al futuro de este país al elegir a los líderes cuya moral no obliga a la gente a regresar a los hogares desde donde se han visto obligados a huir y que, en cambio, reflejen los valores que fundaron este país y que están ejemplificados en nuestra comunidad binacional: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

José Rodríguez representa al Distrito 29 del Senado de Texas, que incluye los condados de El Paso, Hudspeth, Culberson, Jeff Davis y Presidio. Representa a circunscripciones urbanas y rurales y a más de 350 millas de la frontera entre Texas y México.

Actualmente, el Senador Rodríguez es el Presidente del Comité Democrático del Senado y es miembro de los Comités del Senado de Agricultura (Vicepresidente); de Recursos Naturales y Desarrollo Económico; de Transporte; y de Agua y Asuntos Rurales. También sirve en el Comité Selecto del Senado sobre la Prevención de Violencia en Masa y la Seguridad Comunitaria, que fue formado el 4 de septiembre de 2019, después de los tiroteos en masa en El Paso y en Midland/Odessa.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA