Tras su expulsión de la escuela, una familia cuestiona las investigaciones de residencia llevadas a cabo por las escuelas de Presidio

Durante décadas, la policía escolar de Presidio ha investigado la residencia de los estudiantes con un control fronterizo.

PRESIDIO – Cruzar el Puente Internacional Presidio-Ojinaga desde México hasta los Estados Unidos es, en la mayoría de los casos, un viaje fronterizo típico. En un día cualquiera, los viajeros diarios esperan colas de coches, agentes de aduanas y tarifas de ingreso.

Pero antes de llegar a las calles de Presidio bordeadas de palmeras, ocasionalmente paran una vez más a los viajeros matutinos de México en un control adicional montado por el departamento de policía del Distrito Escolar Independiente de Presidio (PISD). En aquellas mañanas impredecibles en las que el control de la policía del distrito escolar opera en la bifurcación (donde la carretera del puente se divide en la Calle O´Reilly y en la carretera US 67), todos los viajeros deben someterse a un interrogatorio.

Los agentes del distrito escolar no están allí para preguntar por la situación inmigratoria: legalmente no se les permite hacerlo. Pero la ley de Texas sí requiere en gran parte que los estudiantes vivan en el distrito donde acuden a la escuela y los agentes del distrito que esperan en la bifurcación están allí para investigar si los estudiantes que cruzan desde Ojinaga hasta Presidio para asistir a las escuelas del PISD realmente residen dentro de los límites geográficos del distrito.

Primero los agentes piden el carnet de conducir, el seguro y el registro de los conductores. Luego, preguntan si hay menores en el vehículo. Los estudiantes del distrito escolar de Presidio cogidos en el control son catalogados: son anotados sus nombres, cursos y números de identificación escolar. La lista resultante es entregada posteriormente al distrito.

Una mañana despejada de octubre, la fuerza policial especializada del PISD documentó a los hermanos Ortiz y a su madre, Roxanne Vásquez, que conducía desde México hasta Presidio por cuarta vez este año escolar. Esa parada llevó a un agente a visitar la casa de la familia Ortiz en Presidio para investigar si realmente vivía allí.

Ray Vásquez, Director del PISD, interpreta la residencia como la ocupación de una casa a diario. “Comen, duermen, tienen un dormitorio. Tiene comida, suministros públicos, agua, ese tipo de cosas,” dijo. “Tiene que ser una residencia.”

La casa familiar de los Ortiz –una caravana ubicada en lo alto de una colina rocosa en la parte este de Presidio– no aprobó el examen del distrito, y la escuela decidió que los estudiantes no pasaban la mayoría de sus noches durmiendo en Presidio. Los Ortiz dijeron que el agente observó que la nevera no tenía comida pero, por lo demás, no sabían qué llevó a la conclusión de que la caravana no era su residencia.

El director Vásquez sugirió que los Ortiz habían anotado erróneamente su dirección en Presidio en los formularios de matriculación en la escuela. “Si cualquier menor es echado es por haber falsificado su información,” dijo a The Presidio International. “Queremos mantener nuestras escuelas seguras, asegurar que nuestros estudiantes sí vivan en los Estados Unidos y asegurar que no estén falsificando nada, lo cual va en contra de la ley.”

Como resultado del control y de la investigación en la casa por parte de un agente de la policía escolar, el martes, 22 de octubre, el PISD ejecutó una “expulsión administrativa,” echando a Brianna Ortiz –en el último curso de la preparatoria de Presidio– y a su hermano Guadalupe Ortiz –en el segundo curso de la preparatoria de Presidio–.

Su hermana, Ximenna Ortiz –en el séptimo curso de la escuela mediana– fue sacada de clase el miércoles por la tarde. Lloraba mientras los administradores hicieron que entregara sus libros escolares, taquilla, camiseta, pantalones cortos y rodilleras de voleibol y su mochila de deportes.

José Ortiz –en el cuarto curso de la escuela primaria y el hermano menor– comenzó a temer ser sacado y no tener a dónde ir mientras su madre Roxanne llevaba a su abuela a El Paso ese miércoles, pero los administradores no llamaron a Roxanne hasta el jueves para que recogiera a su hijo menor de la Escuela Primaria de Presidio. Para entonces, Roxanne había entrado en el despacho del director Vásquez para protestar por las expulsiones.

Dijo, “Le dije, `No le voy a mentir y decir que no he cruzado por las mañanas, porque sí lo he hecho.´ Admito que cruzo por las mañanas, no cada mañana, pero sí muchas veces.”

La madre explicó que durante un tiempo estaba siendo reparado el aire condicionado de la familia en su caravana en Presidio. Roxanne también viajaba por cuidados a México en Ciudad Chihuahua y dijo que familiares en Ojinaga pudieron cuidar de sus hijos mientras estaba fuera, lo que condujo a que los menores durmiesen a veces en México.

“La prioridad [del director Vásquez] era hacer que mis hijos regresasen a la escuela,” dijo sobre su reunión con él. Hacerlo implica otra visita a su casa por parte de un agente del PISD, donde la familia intentaría demostrar su residencia una vez más. Accedieron, asegurándose de que la nevera estuviera llena y que la familia estuviera en su casa de Presidio durante la comprobación.

“No es como si fuesen echados y nos los hubiésemos olvidado,” dijo Vásquez. “Queremos que regresen, queremos proporcionarles una educación. Como distrito escolar, estamos intentando servir a todos nuestros estudiantes de Presidio.”

El Código de Educación de Texas contiene requisitos de residencia pero no explica cómo se define la residencia. Cuando Roxanne pidió que el director Vásquez, la directora de la escuela preparatoria Hevila Ramos y el director adjunto de la escuela preparatoria Glenn Omar citasen qué infringía la familia del manual, la ley estatal o la ley federal, no proporcionaron esa información, diciéndole que mirase la página web del distrito.

Esos funcionarios no señalaron leyes federales o estatales específicas, ni normas en el manual del distrito, que justificaran su decisión de retirar a los estudiantes cuando The Presidio International solicitó esa información.

Según la política de la junta del ISD de Presidio, en el momento de la matrícula inicial, el padre debe presentar una prueba de residencia así definida por la ley. El manual de la junta dice:

“Una factura actual de suministro público que indica la dirección y el nombre del padre o del estudiante es suficiente para verificar la residencia. … Además, el Director o la persona designada pueden visitar la residencia bajo invitación del padre, el tutor u otro adulto con quien resida el estudiante. … Tras la matrícula inicial del estudiante, el Distrito verificará la residencia mediante los formularios de registro anual y puede investigar dicha residencia si lo considera necesario.”

Roxanne matriculó a sus hijos en el PISD a principios del año escolar, cumpliendo con los requisitos al verificar la residencia de su familia mediante una de las múltiples facturas bajo su nombre en ese domicilio.

The International verificó que la dirección de la matrícula de los estudiantes en su casa de Presidio concordaba con las facturas del impuesto sobre bienes inmuebles, de agua y de electricidad bajo los nombres de Roxanne y de su madre, la madre y la tutora legal de los niños, respectivamente.

El director Vásquez dijo a The Presidio International que la fuerza policial especializada del distrito escolar llevaba décadas investigando las residencias al llevar a cabo controles aleatorios en el lado estadounidense del puente internacional para comprobar si algunos estudiantes entraban en el distrito. “No es nada nuevo. Llevan muchos años haciéndolo en Presidio. Es una práctica común.”

“Estoy seguro de que hay gente que se opone a esto y que no está contenta, pero ha sido un proceso que lleva produciéndose desde hace 20 o 30 años,” dijo Vásquez. Los Ortiz no han sido los primeros estudiantes en ser retirados del ISD de Presidio al ser encontrados en el control y al no aprobar una revisión del hogar, pero han sido los más recientes.

En la escuela preparatoria, unos alumnos indignados se coordinaron mediante Instagram, Snapchat, WhatsApp y Facebook con publicaciones instando a sus compañeros de clase “a protestar por la expulsión de estudiantes de la escuela por cruzar la frontera para llegar a la escuela.”

Los alumnos del último curso de la preparatoria se vistieron de blanco, los del tercer curso se vistieron de rojo, los del segundo curso se vistieron de verde y los del primer curso se vistieron de negro, para representar los colores de la bandera mexicana, y varias publicaciones instaban a los estudiantes a no llevar los cordeles con sus tarjetas de identificación escolar. Un estudiante compartió fotos de pancartas hechas a mano que decían “Devuelvan a los Ortiz” y “Fuerza Ortiz.”

Brianna pidió a sus compañeros de clase que no participasen en la salida planificada de la escuela, porque temía que la administración les quitase la semana de la fiesta de graduación. “¿Y si, mientras protestan por nosotros, acaban castigados de esa forma?” preguntó.

El lunes, 28 de octubre, la policía del PISD llevó a cabo la segunda comprobación del hogar con los Ortiz. Aquella tarde, los niños fueron re-matriculados en las escuelas de Presidio con la misma residencia que habían proporcionado con anterioridad. Pero Roxanne no estaba preparada para pasar página.

Durante el transcurso de las expulsiones, sus hijos habían perdido clases, importantes exámenes de curso y entrenamientos deportivos. Roxanne se apresuró a re-matricular a Ximenna a primera hora el lunes, 28 de octubre, para que no se perdiese el último partido de voleibol de la temporada, que era esa tarde.

“No es que quiera montar una escena. No es dramatismo,” dijo Roxanne. “Quiero hablar en nombre de las personas que no van a hablar. Sí cumplo con todo lo que quieren –mi casa, mis suministros públicos, mis facturas de impuesto sobre bienes inmuebles están a mi nombre–. Sí cruzo [la frontera] una o dos veces, ¿por qué me van a castigar por eso?”

Informó al distrito que buscaría consejo legal y habló con Gaven Norris, abogado cuya especialización incluye la ley escolar, según consta en el Colegio de Abogados de Texas. Norris dijo que intervendría personalmente si los estudiantes no estuvieran de vuelta a la escuela al cabo de una semana de su expulsión. Luego Roxanne se puso en contacto con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Luis Vera, consejero general de LULAC, afirmó que la policía del PISD no tenía autorización para operar en un control fijo y que sus operaciones actuales violan la Cuarta Enmienda, que protege contra los registros y las incautaciones injustificadas.

El Congreso autoriza muy estrechamente controles fijos para las leyes de inmigración realizados por agentes de inmigración y ciertos controles de seguridad en la carretera, como los que buscan conductores borrachos, bajo la asunción de que la contribución de los controles al interés público supera su interferencia en las libertades personales.

“Aparte de eso, tiene que tener una causa probable para detener a alguien. No puede detenerlo simplemente por detenerlo,” dijo Vera, que cree que la información de los estudiantes fue recogida ilícitamente. “Si intentan averiguar si son indocumentados o si viven allí [en México], pero hacen una parada ilegal para determinarlo, entonces cualquier cosa que averigüen será ilegal. No la pueden usar.”

El consejero general de LULAC también dijo que la residencia de los estudiantes fue establecida mediante el hecho de que su madre tenía una casa y pagaba en el distrito los impuestos sobre bienes inmuebles.

Los hermanos Ortiz volvieron a clase el 28 de octubre. Se enfrentaron a tareas para estar al día y perdieron un examen, y dicen que les cuesta estar al día con las clases.

Al otro lado de la ciudad, la policía del PISD regresó de nuevo a la bifurcación el viernes, 15 de noviembre, para llevar a cabo otro control matutino.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA 


 
Related