Valentine queda descartado por ahora; los contratistas ponen la mira en Presidio
A medida que el muro fronterizo se acerca a la realidad en Big Bend, los contratistas se apresuran a encontrar lugares para alojar a los cientos de trabajadores necesarios para hacer realidad el sueño del presidente Trump de un muro de costa a costa. Tanto la ciudad de Valentine como la de Presidio han recibido propuestas de empresas interesadas en las conexiones de servicios públicos para grandes campamentos para trabajadores, viviendas temporales que requerirían que estos pequeños y aislados municipios proporcionaran servicios de agua y alcantarillado para parques de casas rodantes de hasta 500 personas.
Hace aproximadamente dos semanas, un representante de Frontier Development llamó al comisionado del condado de Jeff Davis, Albert Miller, para preguntar sobre el estado del sistema de agua en el pequeño pueblo de Valentine. Frontier no tenía detalles específicos para Miller sobre los planes exactos del proyecto, pero quería conocer la situación del terreno.
Miller mantuvo una mente abierta, consciente de que la menguante población del pueblo anhelaba cualquier tipo de actividad económica, pero tenía serias preocupaciones. Como muchos funcionarios locales, Miller desempeña múltiples funciones para el buen funcionamiento de su comunidad y también supervisa el suministro de agua municipal, que se encuentra en estado crítico. Lleva más de 20 años trabajando para ayudar a la comunidad a encontrar un nuevo camino. “Mi mayor preocupación es que no tenemos ningún sistema de respaldo», explicó. “Nos abastecemos con un solo pozo. Cuando ese pozo se seca, podríamos quedarnos sin agua durante un día y medio, a veces incluso más”.
El siguiente paso fue alertar a Summer Webb, la alcaldesa de Valentine. Webb ha ejercido su cargo durante unos siete años al frente de un pequeño consejo municipal con solo tres votos. Aunque no se había presentado ninguna solicitud oficial al ayuntamiento, decidió convocar una reunión para que los vecinos pudieran reunirse y debatir el asunto. “Creo firmemente que la comunidad debe estar al tanto de esto para estar preparada”, declaró Webb al Big Bend Sentinel.
El lunes por la noche, una multitud de casi 100 personas, más que la población de Valentine, llenó el centro comunitario. Yolanda Alvarado, quien administra un rancho en la ruta del muro fronterizo y cuyos hijos asisten a la escuela en Valentine, fue la primera en hablar. “Esto no es solo una pequeña cerca”, dijo Alvarado. “Se trata de 300 hombres que entrarán, camiones de 18 ruedas y todo el combustible que transportarán. Habrá tráfico y necesitaremos presencia policial, que aquí es muy limitada. Tengo miedo por mis hijos y su seguridad”.
Carol Brewer, enfermera de la Clínica Davis Mountain en Fort Davis, presentó los resultados de su investigación sobre el impacto de los campamentos de trabajadores en pequeñas comunidades rurales, citando estudios realizados por la Universidad de Colorado en Boulder sobre la correlación entre la violencia de género y el auge del yacimiento petrolífero de Bakken en Dakota del Norte. “Esto demuestra que las comunidades que experimentan una afluencia repentina de trabajadores transitorios, predominantemente hombres, suelen registrar mayores índices de delitos violentos, agresiones sexuales y otros delitos graves”, explicó Brewer. “La investigación muestra que la violencia contra las mujeres puede aumentar entre un 30 % y un 70 %, y esto tiene repercusiones a largo plazo: afecta no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a la comunidad”.
El pequeño grupo de personas de fuera de la ciudad que se inscribieron para dirigirse al alcalde Webb y a los concejales Gabriella Gillard y Danny Garcia enfatizaron la precariedad y la interconexión de las comunidades de la región, especialmente si la construcción del muro afectará al turismo, el principal motor económico de la zona. “No solo los habitantes de Valentine se ven afectados”, dijo Michael Ryan, ex guardaparques fluvial del Servicio de Parques Nacionales y residente de Terlingua. “Mucha gente se verá afectada”.
Deirdre Hisler, comisionada del condado de Presidio, ofreció su ayuda para que Valentine encuentre soluciones alternativas a la inminente crisis hídrica de la comunidad. “No queremos que la solución a su problema de agua se convierta en un problema para nosotros, los que estamos en el Río Grande”, dijo.
El juez del condado de Jeff Davis, Curtis Evans, imploró a los habitantes de Valentine que no culparan al mensajero. “Estos no son sus enemigos; necesitan su apoyo, no su oposición”, advirtió mientras la multitud se impacientaba.
A pesar de algunos momentos de tensión durante la reunión, la alcaldesa Webb consideró que, en definitiva, fue una experiencia positiva que, según esperaba, inspiró a los residentes a involucrarse más en su gobierno. “Captó la atención de la gente», dijo. «Ojalá a tanta gente le importara el hecho de que llevamos años con problemas de agua, pero espero que esto haya generado conciencia sobre otras cosas que están sucediendo en la ciudad y en las que nos gustaría que la comunidad participara”.
Contactado por teléfono el viernes por la tarde, Rusty Wallace, de Frontier Development, enfatizó que la empresa no tiene un contrato para trabajar en el muro fronterizo. Durante aproximadamente seis años, Wallace ha trabajado con el gobierno federal para modernizar y mejorar las carreteras de la región, de modo que las fuerzas del orden y los servicios de emergencia puedan acceder de forma segura a los tramos más remotos de la frontera. «Frontier Development no está haciendo nada más de lo que ya veníamos haciendo: crear accesos por carretera para la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional por motivos de seguridad», explicó.
“Un asesino silencioso”
Mientras tanto, en la ciudad de Presidio, el tango con los posibles operadores de campamentos para trabajadores apenas comienza. Antes de la reunión del Concejo Municipal del 17 de marzo, el exabogado municipal Rod Ponton y representantes de Landgraf, Crutcher and Associates —una empresa de ingeniería de Odessa— habían preguntado sobre las conexiones de agua y alcantarillado para dos sitios para casas rodantes de 250 parcelas dentro de la “jurisdicción extraterritorial” (ETJ) de la ciudad. (Al cierre de esta edición, la ciudad aún no había respondido a una solicitud de información pública de Texas sobre las comunicaciones con Landgraf; Ponton se negó a comentar sobre lo que calificó como un asunto comercial privado).
Tras bambalinas, el director ejecutivo del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio (PMDD por sus siglas en inglés), John Kennedy, ha estado suplicando al gobierno federal que envíe más información sobre el proyecto del muro fronterizo y sus posibles impactos en la ciudad de Presidio. En cartas dirigidas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Kennedy exigió pruebas de que el gobierno federal estuviera cumpliendo con su deber de considerar los posibles impactos en la infraestructura de prevención de inundaciones de la ciudad y en el puerto ferroviario de entrada, que pronto reabriría. “Los habitantes de Presidio sobrevivieron a una inundación [en 2008] que casi destruyó esta comunidad”, escribió Kennedy en un comunicado de prensa. “El gobierno federal reconstruyó ese dique. Es difícil comprender cómo otra rama de ese mismo gobierno puede ahora proponer construir sobre él sin siquiera una revisión de ingeniería, a menos que se crea que una exención diseñada para la seguridad fronteriza también ignora las leyes de la física”.
En una reunión del PMDD el 1 de abril, Kennedy dijo que la CBP y la IBWC habían confirmado la recepción de esta carta, pero no habían proporcionado una respuesta sustancial. El distrito, que administra una modesta base impositiva destinada a financiar proyectos de desarrollo económico, pasó entonces a debatir los posibles impactos que los dos campamentos para trabajadores, con 250 parcelas cada uno, podrían tener en la comunidad.
Kennedy explicó que Barnard Construction, la empresa con contratos para construir infraestructura vial y de muros en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y el extremo noroeste de Presidio, se había puesto en contacto inicialmente con PMDD para destinar una parte del Parque Industrial de la ciudad a 500 parcelas para caravanas, pero la junta debía considerar el impacto económico a largo plazo del muro antes de intentar obtener beneficios rápidos. “El Parque Industrial es nuestro principal activo para el desarrollo económico”, explicó. “No vamos a permitir que nada se apruebe aquí sin más garantías que las que tenemos, que es simplemente que el gobierno nos diga: “No se preocupen”. Se ha realizado mucha ingeniería a lo largo de los años [en relación con el sistema de diques], y no sé si se ha hecho algo de ingeniería en los últimos meses con respecto a este muro fronterizo”.
El empresario de Presidio, Carlos Nieto, se hizo eco de las preocupaciones de Kennedy sobre la aparente falta de un estudio hidrológico serio para el proyecto del muro fronterizo y expresó su inquietud por el estado de la infraestructura de mitigación de inundaciones en el arroyo Cibolo, que atraviesa Presidio. “Ninguno de nosotros había nacido la última vez que Cibolo se desbordó”, dijo. “Podría arrasar con toda la ciudad de Presidio; Cibolo es un asesino silencioso, no te va a avisar”.
