CONDADO DE PRESIDIO — La empresa Barnard Construction, con sede en Montana, recibió una amonestación formal de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) el viernes por la mañana, después de que la compañía despejara ilegalmente una franja de terreno de más de una milla de longitud para la construcción del muro fronterizo. La orden de cese y desistimiento emitida por la agencia representa la primera vez que una entidad del estado de Texas se pronuncia sobre el muro fronterizo en la región de Big Bend, y mucho menos que emprende acciones legales para frenar su avance.
En un comunicado de prensa, la comisionada de la GLO, Dawn Buckingham, calificó las acciones de la empresa como un ataque a la “soberanía de Texas” y ordenó tanto a Barnard como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) detener los trabajos y restaurar el terreno a su estado original. “Mi oficina tiene una trayectoria comprobada de firmeza en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza”, escribió. “Estoy comprometida a mantener una relación positiva con la CBP, pero no permitiremos que actores que actúan por cuenta propia y han incumplido nuestro acuerdo socaven la increíble labor que realizamos por Texas”.
Documentos obtenidos de la GLO por el periódico Big Bend Sentinel revelaron que —hasta mediados de julio— Barnard solo se había comunicado con la agencia para tratar el arrendamiento de una nave situada junto a Chispa Road destinada a albergar equipos eléctricos, sin incluir acuerdos para el desmonte de terrenos, la extracción de materiales, el uso de agua o el alojamiento de trabajadores. “El equipo eléctrico es para la construcción de infraestructura del muro fronterizo en la zona”, escribió el ingeniero Alex Cilia a Jason Smalley, del departamento de arrendamientos de la GLO, el 25 de junio. “Nuestra intención con la estructura es utilizar un edificio existente en el área para el almacenamiento seguro de materiales y, además, contribuir a la economía estatal”.
Chispa Road —un camino de tierra accidentado que atraviesa el extremo noroeste del condado de Presidio— se ha convertido en la primera línea de batalla entre las entidades locales y el gobierno federal en torno al muro fronterizo. Ya en abril, se ordenó a Barnard cesar sus actividades después de que residentes locales observaran a la empresa nivelando el camino sin permiso del condado, entidad que posee los derechos exclusivos de operación y mantenimiento de dicha vía.
Registros judiciales presentados en una demanda no relacionada sobre los contratos del muro fronterizo revelaron que este segmento específico del muro había sido designado por la CBP para una construcción de “vía rápida”. Barnard obtuvo el contrato para el proyecto en marzo por 960 millones de dólares, y en abril se adjudicaron 4,4 millones de dólares a una empresa con sede en Tucson para la adquisición de terrenos y el monitoreo ambiental. Fiel a la etiqueta de proyecto de “vía rápida”, en apenas cuatro meses se ha trasladado maquinaria pesada, se ha despejado el terreno y se está levantando un campamento para 500 trabajadores en la cercana localidad de Lobo, a pesar de las protestas de los residentes locales y de funcionarios electos de ambos partidos políticos.
GLO administra más de 13 millones de acres de tierra en todo el estado. Los ingresos provenientes de arrendamientos para actividades como la minería, el pastoreo y la caza refuerzan el Fondo Escolar Permanente, el cual apoya la educación pública en Texas más allá de lo que permite la base impositiva sobre la propiedad. “Una superficie considerable destinada al pastoreo se vio afectada por esta actividad no autorizada, lo que ha devaluado nuestro contrato de arrendamiento y ha reducido nuestra capacidad para generar futuros ingresos en beneficio de los estudiantes de Texas”, escribió la comisionada Buckingham.
La GLO arrendó la propiedad en cuestión para fines de pastoreo a Trans Pecos Ice, una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en inglés) con sede en Austin. Informes de Marfa Public Radio revelaron vínculos entre Trans Pecos Ice y Ryan Seiders, cofundador de Yeti —empresa fabricante de neveras portátiles y artículos para actividades al aire libre—, la cual ha utilizado históricamente imágenes de la región de Big Bend para comercializar sus productos. Seiders también forma parte del consejo asesor del Borderlands Research Institute, una división de la Universidad Estatal Sul Ross en Alpine dedicada a la conservación y la investigación ecológica. (Yeti ha negado cualquier participación en Trans Pecos Ice).
La semana pasada, un ciudadano preocupado alertó a la comisionada del condado de Presidio, Deirdre Hisler, y a la comisionada electa, Susan Hays, sobre la construcción no autorizada en terrenos estatales. Ambas decidieron investigar por su cuenta, provistas de mapas y contratos de arrendamiento de la GLO, y quedaron alarmadas por la magnitud de las obras que presenciaron. “Como señaló [la comisionada Buckingham], esto reduce el valor de la tierra, lo cual me preocupa enormemente como futura comisionada”, afirmó Hays. “Si se atraviesan todas nuestras propiedades ribereñas, se disminuye su valor y se socava nuestra base impositiva sobre la propiedad; todo ello para llenar los bolsillos de algunos contratistas”. La comisionada Hisler se mostró consternada al ver que la empresa infringía una vez más las leyes estatales y locales, especialmente cuando ella y otros funcionarios del condado comenzaban a debatir sobre un posible permiso de uso de la vía que otorgaría a Barnard acceso al tramo de Chispa Road perteneciente al condado y permitiría realizar obras de mejora. “Esta es la segunda falta”, declaró. “¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo cuando ya han traicionado nuestra confianza?”.
Los representantes de Barnard Construction y Trans Pecos Ice, LLC no respondieron a una solicitud de comentarios sobre esta noticia.
