Remeros, pescadores y agricultores han disfrutado de un aumento artificial del caudal del Río Grande durante tres semanas, gracias a un pago derivado de un tratado por parte del gobierno de México. En diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con el tratado de 1944 entre ambos gobiernos que regula el agua en las cuencas de los ríos Colorado y Río Grande. “En las últimas semanas, ambos países han trabajado intensamente y de forma coordinada para establecer una hoja de ruta técnica que mejore la gestión del ciclo actual y aborde el déficit del ciclo anterior”, explicó.

El tratado exige que el gobierno de México entregue un tercio de su excedente de agua de los seis principales afluentes del Río Grande en ciclos de cinco años. Esto equivale a alrededor de 350.000 acres-pie de agua por año, para un total de 1,75 millones de acres-pie. (Un acre-pie es una medida utilizada en la gestión del agua equivalente a un campo de fútbol sumergido en un pie de agua).

El tratado se ha convertido en un tema político delicado tanto en México como en Estados Unidos. Políticos de la derecha estadounidense, como los senadores John Cornyn y Ted Cruz de Texas, consideran que la retención de agua por parte de México es un ataque directo a la agricultura estadounidense. “México ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Aguas de 1944, ciclo tras ciclo”, escribió el senador Cruz en un comunicado de prensa. “El gobierno mexicano explota la estructura del tratado para aplazar y retrasar sus entregas cada año hasta que le resulta imposible cumplir con sus obligaciones generales, y continúa incumpliendo su obligación de entregar agua a Estados Unidos en virtud del Tratado de Aguas de 1944”.

Las condiciones de sequía generalizadas y el auge de la agricultura en la cuenca del Río Grande durante las últimas décadas han tenido graves consecuencias para el río. La organización sin fines de lucro American Rivers estima que menos de una quinta parte del agua del río llega al Golfo de México y le otorgó el dudoso honor de ser el quinto río más amenazado de Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum refutó la narrativa de que su país estaba reteniendo agua a propósito. “El Gobierno de México subraya que no ha violado ninguna de sus disposiciones”, escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa. “Durante un período marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a los usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales, siempre de conformidad con el Tratado, la disponibilidad de agua y las limitaciones operativas y de infraestructura de la región, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la zona fronteriza.”

Sesenta y cinco mil millones de galones de los 260 mil millones de galones de agua adeudados fueron liberados de la presa Luis León durante la segunda quincena de diciembre, lo que provocó un ligero aumento en los niveles de agua en la región de Big Bend entre el 23 de diciembre y el 12 de enero. Aún no se han anunciado los planes para la próxima liberación de agua.